En un mundo cada vez más informatizado, los ciudadanos tienen el derecho de acceder a la información que es administrada por los poderes públicos.
Debido a la creciente incorporación de la tecnología al quehacer administrativo, se está pasando de “los papeles” al formato digital, lo que sin duda, ha venido a transformar el concepto de publicidad y el alcance de la privacidad, particularmente, de todo aquella información que es generada por los poderes del Estado. El ámbito judicial, no es ajeno a esta nueva realidad.
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